Los empleadores tienen ciertas responsabilidades ante la ley de inmigración durante el proceso de contratación. Las disposiciones de sanciones para el empleador, que se encuentran en la sección 274A de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), fueron agregadas por la Ley de Reforma y Control de la Inmigración de 1986 (IRCA, por sus siglas en inglés). Estas disposiciones se modificaron luego con la aprobación de la Ley de Inmigración de 1990 y la Ley de la Reforma de la Inmigración Ilegal y de la Responsabilidad de los Inmigrantes (IIRIRA, por sus siglas en inglés) de 1996.

El empleador debe:

• Verificar la identidad y la autorización de empleo de cada persona contratada después del 6 de noviembre de 1986. Para los empleos en la Mancomunidad de las Islas Marianas (CNMI), este requisito de verificación corresponde a las personas contratadas después del 27 de noviembre de 2009.
• Complete y conserve un Formulario I-9 por cada empleado al que se le exija completar el formulario.

Los empleadores no deben:

• Discriminar a las personas por el origen nacional, la condición de ciudadanía o de inmigración.
• Contratar, reclutar por honorario o recomendar por honorario a extranjeros que el empleador sepa que no cuentan con autorización para trabajar en Estados Unidos.

Los empleadores que infrinjan la ley pueden estar sujetos a

• multas civiles;
• sanciones penales (cuando existe una práctica o conducta sistemática de infracciones);
• exclusión de contratos con el gobierno;
• una orden judicial que le exija el pago de salarios atrasados a la persona que se discriminó;
• una orden judicial que le exija al empleador contratar a la persona que se discriminó.

Multas civiles y sanciones penales por infracciones al Formulario I-9