News release originally published by the U.S. Attorney’s Office for the Eastern District of North Carolina

Abogada de Carolina del Norte es Acusada de Ayuda y Complicidad en Fraude de Visas y Hacer Declaraciones Falsas en Procedimientos de Inmigración

RALEIGH, N.C.— Robert J. Higdon Jr., Fiscal Federal de Estados Unidos para el Distrito Este de Carolina del Norte, anunció que un Gran Jurado Federal en Raleigh ha emitido una decisión de acusación contra Sarah Jane Brinson, de 34 años, originaria de Clinton, Carolina del Norte, por ayuda y complicidad en el fraude de visas y dar declaraciones falsas en procedimientos de inmigración.

La acusación formal alega que Brinson, quien es una abogada con licencia. así t  como notario público en Carolina del Norte, preparó y presentó a nombre de un cliente solicitudes de inmigración que contenían declaraciones falsas.

Como se afirma en el documento de presentación de cargos, su cliente era una ciudadana de Guatemala que contrató a Brinson bajo su nombre real pero utilizaba un nombre falso para trabajar ilegalmente en Estados Unidos. La acusación  indica además que aunque Brison sabía el nombre auténtico de su cliente, ella notarizó la firma del cliente bajo su identidad falsa y la representó en la Corte de Distrito del Condado de Wayne en varios asuntos de tráfico.

Además, la acusación alega que Brinson completó y presentó  ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) una solicitud de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés) y una solicitud de Autorización de Empleo (EAD por sus siglas en inglés), en las cuales declaró bajo pena de perjurio que su cliente no había usado ningún otro nombre.

En caso de ser declarada culpable, Brinson podría enfrentar una pena máxima de 15 años de cárcel, una multa de $500,000, y un periodo de libertad supervisada posterior a cualquier periodo de cárcel.

Los cargos y declaraciones contenidas en la acusación formal son simplemente acusaciones. El acusado se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia.

El caso está siendo investigado por las Fuerzas Especiales de Investigación de Fraude en los Documentos para Beneficios (DBFTF, por sus siglas en inglés), que dirige  la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional, y es asistido por USCIS, entre  otras agencias.

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