USCIS Colaboró en Investigación que Condujo a la Sentencia de una Nacional Mexicano por Contrabando y un Esquema de Trata Laboral
BRIDGEPORT, Conn. – El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) proporcionó valiosa asistencia en la investigación que condujo a la sentencia de una nacional mexicana por un esquema de contrabando y tráfico laboral.
La Oficina del Fiscal General de Estados Unidos anunció la sentencia de María del Carmen Sánchez Potrero, también conocida como María Carmela Sánchez, a 51 meses de prisión por su participación en el esquema. El juez también ordenó a Sánchez pagar una restitución de $574,608, y se enfrenta a procedimientos de deportación cuando complete su condena en prisión.
De acuerdo con documentos judiciales y declaraciones hechas en corte, las víctimas generalmente hacían arreglos con Sánchez y otros cómplices en Connecticut y México para cruzar la frontera hacia Estados Unidos a cambio de una tarifa que fluctuaba entre $15,000 y $20,000 que cada uno tenía que pagar una vez que estuvieran en EE. UU. En la mayoría de los casos, se les requería a las víctimas entregar un título de propiedad como garantía antes de salir de México. Las víctimas fueron contrabandeadas a través de la frontera y transportadas a residencias del área de Hartford, incluida la residencia de Sánchez en Madison Street, a menudo enfrentando riesgos sustanciales de lesiones corporales o muerte.
Una vez en Connecticut, a las víctimas se les informaba que tendrían que pagar aproximadamente $30,000, con intereses, además de pagar a Sánchez y a sus cómplices el alquiler, la comida, la gasolina y las utilidades. Sánchez y sus cómplices crearon documentos falsos para las víctimas, incluidas tarjetas de residente permanente (también conocidas como tarjetas verde o green cards) y tarjetas de Seguro Social, y les ayudaban a encontrar empleo en el área de Hartford. Además de sus propios trabajos, algunas víctimas se vieron obligadas a realizar tareas domésticas y de jardinería sin indemnización y sin que se redujera su deuda.
Si las víctimas no realizaban pagos regularmente o en las cantidades que Sánchez y sus cómplices esperaban, en ocasiones eran amenazadas incluso con hacerles daño a sus familiares en México, tomar posesión de las propiedades en México que habían sido utilizadas como garantía, revelar el estatus migratorio de las víctimas a las autoridades estadounidenses y aumentar los pagos de intereses.
Hasta la fecha, los investigadores han identificado a 19 víctimas de este esquema. Varias víctimas eran menores de edad y al menos dos fueron traficadas a Estados Unidos sin la compañía de un familiar o tutor legal.
Esta investigación fue realizada por la Oficina Federal de Investigaciones, el Departamento de Policía de Hartford, la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo de EE. UU., la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. y USCIS. El caso está siendo procesado por los fiscales federales auxiliares Angel Krull y Shan Patel.
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