El Documento de Presupuesto del Servicio de Ciudadanía e Inmigración para el Año Fiscal 2021 (PDF, 501.08 KB)describe los fondos y recursos para apoyar nuestra misión que se exigen por ley.

Nuestro plan (PDF, 547.91 KB) está alineado con el Plan Estratégico de DHS (PDF)para asegurar una patria segura, protegida y resiliente. Las metas estratégicas son:

1. Reforzar nuestra inversión en una fuerza laboral empoderada para cumplir mejor con la misión de la agencia;
2. Proteger la patria al identificar, atender y mitigar los riesgos de seguridad nacional y fraude en el sistema de inmigración;
3. Asegurar una adjudicación de beneficios y entrega de información imparcial y eficaz; y
4. Continuar el mejoramiento de los procesos, programas y sistemas clave.

El financiamiento de USCIS proviene primordialmente de las tarifas que cobramos a los solicitantes y peticionarios que solicitan beneficios de inmigración o naturalización Este cobro de tarifas financia los costos de adjudicar imparcial y eficazmente las solitudes de beneficios de inmigración. Las tarifas cobradas a las personas u organizaciones que presentan solicitudes de beneficios de inmigración son depositadas en la Cuenta de Tarifas para Evaluaciones de Inmigración (IEFA). La IEFA fue creada por el Congreso en 1988, y estableció la autoridad para recuperar el costo total del procesamiento de los beneficios de inmigración. Esta cuenta representa aproximadamente 97 por ciento del presupuesto total de USCIS para el año fiscal 2021.

Según la Ley de Directores de Fianzas de 1990 (Ley de CFO), 31 U.S.C. 901-03, y la Circular A-25 de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OMB), USCIS revisa semestralmente las tarifas no estatutarias depositadas en la IEFA. Si es necesario, DHS propone ajustes de tarifas para garantizar la recuperación del total de los costos. ¹ La autoridad presupuestaria restante proviene de dos otras cuentas de tarifas obligatorias y asignaciones anuales del programa E-Verify.

¹ USCIS propuso ajustes de tarifas como resultado de la revisión de la tarifa de IEFA del año fiscal 2019/2020. Vea https://www.regulations.gov/docket?D=USCIS-2019-0010.

La Protección a Migrantes (MPP): USCIS trabajó con otros componentes de DHS para abordar la crisis en curso en la frontera sur de Estados Unidos del presidente Donald Trump. MMP fue establecido por la administración Trump en enero de 2019 para restaurar un procesamiento de inmigración seguro y organizado a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos y reducir la cantidad de extranjeros que intentan en engañar el sistema de inmigración. Bajo MPP y sección 235(b)(2)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), extranjeros que intentan en entrar Estados Unidos desde México que faltan la documentación adecuada podrán ser devueltos a México para esperar fuera de Estados Unidos durante sus procedimientos de Inmigración.

La Ley de Asilo sobre Tránsito por un Tercer País: En julio de 2019, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia (DOJ) publicaron una regla final provisional conjunta para mejorar la integridad del proceso de asilo. Con excepciones limitadas, la regla veta a los extranjeros que entraron por la frontera sur de obtener asilo en Estados Unidos si no solicitaron asilo, por lo menos, en uno de los países por los que pasaron. Esta regla tiene el objetivo de mitigar la crisis en la frontera al identificar mejor y servir a los solicitantes legítimos de asilo.

Carga Pública: En agosto de 2019, USCIS publicó la regla final de Inadmisibilidad por Motivos de Carga Pública, que aclara el requisito de autosuficiencia concebido por el Congreso por más de 100 años. La regla establece cómo DHS determinará si los extranjeros que solicitan la admisión o ajuste de estatus son inadmisibles en Estados Unidos bajo la sección 212(a)(4) de INA, porque sea probable que se conviertan en una carga pública en cualquier momento.

La regla final define ciertos términos críticos para la determinación de carga pública, tales como “carga pública” y “beneficio público,” los que no están definidos en el estatuto, y explica los factores que DHS considerará cuando tome una determinación de inadmisibilidad por motivos de carga pública. La ley final también aborda la autoridad que tiene USCIS para expedir fianzas de carga pública bajo la sección 213 de INA, en el contexto de las solicitudes o ajuste de estatus. La regla también requiere que los extranjeros que desean obtener una extensión de estadía o cambio de estatus demuestren que desde que obtuvieron el estatus de no inmigrante que desean extender o cambiar, no han recibido beneficios públicos por encima del umbral definido en la regla. Esta regla garantiza que aquellos que desean venir o quedarse en Estados Unidos son autosuficientes.

Registro Electrónico H-1B: USCIS publicó reglas finales que hacen el proceso de selección de H-1B sujetos a una cantidad máxima reglamentaria uno más eficiente. Dichas reglas requieren que los peticionarios que desean presentar peticiones H-1B sujetas a la cantidad máxima reglamentaria se registren de manera electrónica con USCIS durante un plazo de registro designado y paguen la tarifa de registro de $10. El proceso de registro electrónico simplificará dramáticamente el procesamiento al reducir el intercambio de documentos y datos, y proporcionará ahorros generales a los empleadores peticionarios. También, USCIS reorganizó el proceso de selección de la cantidad máxima reglamentaria para aumentar las posibilidades de seleccionar peticionarios que tengan grado de maestría o posgrado de una instrucción estadounidense de educación superior. Como resultado de este cambio, la cantidad de peticiones de personas con un título avanzado de una instrucción estadounidense de educación superior seleccionados para los topes numéricos del año fiscal 2020 aumentó por más de 11 por ciento desde el año anterior.

USCIS naturalizó 833,000 nuevos ciudadanos en el año fiscal 2019, lo que es lo más alto en 11 años en los juramentos para obtener la ciudadanía. En el año fiscal 2019, también la agencia:

• Entrevistó más de 44,300 solicitantes de refugio en 61 países para apoyar la admisión de 30,000 refugiados a Estados Unidos; completó 78,580 solicitudes de asilo afirmativo; y procesó 103,235 casos de temor creíble.
• Otorgó casi $10 millones en subsidios de Ciudadanía y Asimilación bajo dos oportunidades competitivas de financiamiento a 41 organizaciones, ubicadas en 24 estados, para ayudar aproximadamente a 27,500 residentes permanentes legales prepararse para la naturalización y promover la asimilación a través de conocimiento aumentado del idioma inglés, historia de Estados Unidos y educación cívica.
• Añadió casi 93,000 empleadores al programa de E-Verify, que creció a más de 909,000 participantes de empleadores al final del año fiscal 2019. La cantidad de solicitudes de verificaciones para la autorización de empleo procesadas aumentó a más de 40 millones en el año fiscal 2019. E-Verify redujo el procesamiento manual de casos en 49,000 casos, de casi 388,000 a 339,000 casos por año. Con una conexión nueva desarrollada con el Sistema de Información Entrada/Salida (ADIS) 2.1, E-Verify ahora tiene acceso a expandir la información sobre el Formulario I-94, Registro de Entrada/Salida, lo que mejora el proceso de corroboración y ayuda a reducir el número de casos de manuales.
• Procesó casi 18 millones de consultas de estatus de inmigración procedentes de agencias públicas que otorgan beneficios (ej., agencias federales, departamentos estatales de vehículos de motor, y agencias estatales y locales de servicios sociales) a través del Programa de Verificación Sistemática de Extranjeros para la Otorgación de Beneficios (SAVE). SAVE ayuda a dichas agencias a garantizar que solamente los solicitantes cualificados reciban licencias y beneficios públicos.
• Publicó una propuesta de reglamentación para comentarios del público en el Registro Federal el 14 de noviembre de 2019 que propone ajuste a ciertas solicitudes de tarifas para ciertos beneficios de inmigración y naturalización.
• Completó 4,031 evaluaciones de cumplimiento, que incluyen visitas a sitios de trabajo bajo el Programa de Verificación y Visitas Administrativas de Sitios (ASVVP), y determinó que 591 estaban en incumplimiento. Dichas evaluaciones estaban relacionadas a peticionarios que presentan peticiones bajo cuatro clasificaciones de visa (H-1B, L-1A, Trabajadores Religiosos, y EB-5) y ayudan en garantizar que los empleadores cumplen con las leyes y regulaciones de inmigración.
• Llevó a cabo 8,512 visitas a sitios de trabajo bajo el Programa de Verificación y Visitas Administrativas de Sititos Especificados (TSVVP) y descubrió fraude en 324 y a a 1,049 adicionales en incumplimiento. TSVVP usa la base de datos para detectar fraude y problemas con cumplimiento. Comenzó en 2017 con las peticiones H-1B, pero añadió las peticiones L-1A, L-1B, E-2, H-2B, y CW-1 como parte de un piloto en FY 2018 y FY 2019. Al llevar a cabo más evaluaciones de los casos en incumplimiento encontrados a través de ASVVP y TSVVP, USCIS podrá revocar beneficios de inmigración para peticiones fraudulentas tanto como remitir dichos casos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) u otras agencias de control de ley para investigaciones criminales. Esto nos ayuda a evitar el abuso en los programas de inmigración basados en el empleo y proteger los sueldos y oportunidades de empleo de los ciudadanos estadounidenses.
• Procesó más de 16.5 millones de verificaciones a través de las bases de datos de las agencias de control de ley y otras bases de datos a través de ATLAS, el sistema principal de verificaciones de antecedentes para USCIS. Dichas investigaciones generaron cerca de 124,000posibles detecciones automatizadas de posible fraude, seguridad al pública y seguridad nacional que requieren análisis adicional y revisión individual de parte un oficial de USCIS.